A medida que se enfrenta la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se advierte de sus efectos en los diferentes ámbitos de la sociedad. También, se reconoce^[1] la importancia del funcionamiento oportuno, eficiente y coordinado de los sistemas nacionales de emergencia de cada país, los cuales además deben tener la capacidad de adaptarse a las características únicas de la actual pandemia. La experiencia internacional ha mostrado la necesidad de procesos de planificación efectivos que permitan fortalecer la capacidad de respuesta del sector salud, enfrentar los efectos disruptivos en los sectores económicos y sociales, y asegurar la continuidad de los servicios, particularmente los esenciales^[2].

A diferencia, otras situaciones sanitarias en el país (dengue, chikungunya y zika) no han alcanzado la categoría de pandemia, y junto con la A-H1N1, más incidentes de contaminación puntual, han llevado a la declaratoria de 6 emergencias sanitarias en los últimos 15 años. Por su parte, 24 de las declaratorias registradas en ese período refieren a fenómenos climáticos y sísmicos, 5 a asuntos agropecuarios, 2 a incendios y 1 a defensa de la soberanía, para un total de 38.

La mayor exposición a desastres naturales que han provocado las declaratorias de emergencia de los últimos años comparten una misma característica, y es la temporalidad del evento en sí mismo, lo que permite determinar su ubicación, magnitud e intensidad, y su atención por fases progresivas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

Por el contrario, se desconoce la forma en que la pandemia actual se comportará en el futuro, así como el impacto que continúe teniendo en los distintos ámbitos a corto, mediano y largo plazo. Impacto que también estará marcado por la situación de otras naciones, en especial aquellas con quienes el país mantiene una relación comercial o flujo migratorio. Las interrelaciones existentes geográficas, políticas o comerciales sumarán entonces factores tanto positivos como negativos, lo cual amerita trascender estrategias lineales de atención para dimensionar todos los frentes de acción necesarios de forma simultánea y oportuna.

Debido al ritmo acelerado y multidireccional de la emergencia, la flexibilidad de este instrumento orientador cobra un sentido crítico, lo cual le exige ser reflejo de los principios constitucionales y legales aplicables en estado de crisis (ver figura 1); prever la necesidad de constante actualización, a medida que evoluciona el conocimiento científico, las capacidades de adaptación social y la comprensión del comportamiento del COVID-19 en las distintas fases^[4]. La articulación de este Plan General con otros instrumentos de planificación con que cuenta el país a nivel nacional o sectorial, es fundamental para poder implementar las medidas requeridas no solo desde una perspectiva coyuntural, sino incluso en sus dimensiones estructurales.

Lo anterior, requiere de nuevas formas y enfoques de abordaje, de mecanismos de coordinación y organización ágiles y de una alta capacidad de trabajo colaborativo entre los diferentes actores públicos y privados. Las mejores prácticas también recomiendan que los procesos de planificación retomen los aprendizajes propios y de otros, se fundamenten en datos e información actualizada, se realicen tomando en cuenta análisis de riesgos y la construcción de escenarios y que se apliquen buenas prácticas de gestión que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas.